La construcción de propuestas para el fortalecimiento de la independencia judicial y el Estado de Derecho de los Poderes Judiciales de Centroamérica y el Caribe, llevó este 5 de mayo de 2026, a la firma de la Declaratoria “Poderes Judiciales Independientes como garantía del Estado de Derecho y de la paz social en Centroamérica y el Caribe”, Por una justicia centrada en las personas”.
“Una justicia independiente debe ser una justicia cercana, accesible y centrada en las personas. La solidez de nuestros Poderes Judiciales no es un lujo institucional; es una necesidad estratégica para la estabilidad democrática y la cohesión social. Reafirmar la independencia judicial es reafirmar el compromiso con la ciudadanía en nuestros países y en la región. Se construye y se fortalece desde adentro, con integridad, transparencia, rendición de cuentas y excelencia en la función jurisdiccional” afirmó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Orlando Aguirre Gómez, Presidente Pro Témpore del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe.
La Declaratoria Regional reafirma la voluntad de “defender y fortalecer la independencia judicial e imparcialidad como garantía indispensable para la vigencia del Estado de Derecho, la democracia y la protección efectiva de los derechos fundamentales para todas las personas de la región, en estricto apego a la normativa de cada país, en respeto a los estándares internacionales en la materia”.
Impulsa una agenda viva de cooperación judicial, el diálogo institucional y la coordinación regional frente a los desafíos que afectan la paz, la seguridad y la estabilidad democrática de la región, en temas como el crimen organizado transnacional, la corrupción, las desigualdades estructurales, las migraciones forzadas, así como presiones internas y externas que tensionan nuestras instituciones.
El compromiso regional se llevó a cabo durante la apertura de la sesión extraordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y el Caribe (CJCC), integrado por los Poderes Judicial de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana cuya participación se realizó de forma presencial y virtual.
Además se recibieron como miembros observadores a representantes judiciales de la República de Cuba, el Reino de España y organismos internacionales.
